Un oficial que prestó servicios en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Venezuela denunció  que en la sede central de ese organismo, donde están detenidos decenas de militares sospechados de conspirar contra el régimen chavista o de disentir con él, se cometen «atrocidades inhumanas».

«Hay prisioneros durmiendo en el piso, haciendo necesidades en una botella, prisioneros a los que no se les brinda de manera inmediata el servicio médico y prisioneros siendo torturados«, aseguró el teniente  Dugarte.

El joven oficial expuso la situación en la Dgcim durante la presentación de un informe sobre crímenes de lesa humanidad ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde mostró un video que fue compartido por medios venezolanos y en redes sociales.

Dugarte también citó el caso del general Miguel Rodríguez Torres, hombre fuerte de los servicios de inteligencia durante el gobierno de Hugo Chávez y exprimer ministro de Interior y Justicia del presidente Nicolás Maduro. En su momento, Rodríguez se declaró en contra del propio Maduro.

«La condición del general Rodríguez Torres es desfavorable, está muy grave; suele ser atendido semanalmente por fisioterapeutas porque fue operado del hombro izquierdo», aseguró Dugarte. «Las circunstancias en las que se encuentra su celda no permiten que evolucione su condición médica», añadió.

El denunciante afirmó que desempeñó varios cargos mientras estuvo destinado en la Dgcim, entre ellos el de custodio de la División de Investigaciones, mejor conocida como El Calabozo, donde permanecen los presos políticos.

Por otra parte, aseguró que tenía «conocimiento de diferentes centros de torturas dentro de las unidades militares ubicadas en Fuerte Tiuna (la principal base militar en Caracas) y en lugares clandestinos, de los cuales solo conocen su ubicación el personal de la milicia cubana y los ‘colectivos’ (grupos de civiles chavistas armados), que son paramilitares».

En Venezuela hay actualmente 866 presos políticos, de los cuales 91 son militares, de acuerdo con el último relevamiento semanal de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), publicado este lunes.