El Gobierno utilizó un muy bajo porcentaje de los recursos que recaudó con el nuevo impuesto a las grandes fortunas, que provocó la salida de números contribuyentes importantes del país, por la excesiva carga fiscal.

La alícuota más alta llegó al 5,25% del patrimonio y buena parte de los contribuyentes pagó, aunque algunos otros pocos decidieron recurrir a la Justicia por considerar que era confiscatorio y algunos recibieron una sentencia favorable tanto en primera como en segunda instancia. Sobre todo, la carga patrimonial se duplicó con el pago de Bienes Personales, que está fijado sobre el mismo hecho imponible que este impuesto de “emergencia” que se usó poco para los fines previstos, según las propias cifras oficiales. Hasta mayo la AFIP había recaudado $ 230.000 millones por este polémico tributo y luego entraron sumas más acotadas en cuotas.

La ley marcaba que la recaudación del denominado “aporte solidario” se destinaría a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, apoyar a las PyMEs con subsidios y créditos, urbanizar los barrios populares con obras que empleen a los vecinos de cada barrio, hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural y financiar un relanzamiento del plan Progresar para que los jóvenes puedan seguir estudiando.

En particular, la ejecución fue muy baja en educación, en viviendas populares y en Vaca Muerta, el proyecto estratégico de energía más importante del país. En el caso de Vaca Muerta, la ejecución fue nula, según las fuentes oficiales. Ahora, el dinero se utilizará para financiar parte de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner anunciado ayer./INFOBAE