Tras la sanción de las leyes de recomposición jubilatoria, moratoria previsional y emergencia en discapacidad, el presidente Javier Milei ratificó su decisión de vetarlas y abrió un complejo frente político para el oficialismo. Sin embargo, el Ejecutivo evalúa tres estrategias posibles: sostener el veto y resistir en el Congreso, judicializar la sesión para ganar tiempo, o intentar recomponer vínculos con algunos gobernadores para evitar nuevas derrotas.

El veto presidencial, atribución constitucional del Ejecutivo, será el primer paso. El Gobierno busca consolidar un tercio de votos en al menos una de las cámaras para impedir que el Congreso insista con las normas aprobadas. La experiencia del veto a la movilidad jubilatoria en 2024 mostró que, con alianzas puntuales y ausencias opositoras, es posible sostener la objeción presidencial.

Si el Congreso lograra los dos tercios para ratificar las leyes, el Gobierno evalúa acudir a la Justicia con el argumento de irregularidades en el procedimiento legislativo. Esta vía es cuestionada por constitucionalistas, que advierten que no hay base legal para impugnar el proceso una vez superadas las mayorías reglamentarias./NA/DR