La Corte Suprema asumirá la administración y futura subasta de los bienes decomisados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras la orden emitida por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2). La decisión se formaliza luego de que la condena dictada en 2022 quedara ratificada meses atrás, habilitando la ejecución de las medidas económicas.

El TOF 2 dispuso el decomiso de 122 propiedades y activos considerados producto o instrumento del delito dentro del esquema investigado entre 2003 y 2015. La valuación original, estimada en $84.835 millones, fue actualizada por peritos a $684.990 millones, cifra respaldada por el máximo tribunal.

Debido al incumplimiento de los condenados, el tribunal ordenó avanzar con la realización y venta de todos los bienes bajo investigación. Entre ellos figuran propiedades vinculadas al empresario Lázaro Báez y a sus empresas, como Austral Construcciones, así como terrenos, hoteles y departamentos distribuidos entre Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

La medida también incluye un inmueble registrado a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y diversos bienes que habían sido cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Con la Corte a cargo de la administración, comienza ahora el proceso para organizar las subastas que permitirán recuperar los fondos establecidos en la condena.