El empresario farmacéutico comparecerá este lunes ante el juez Ariel Lijo en el expediente que investiga presuntas irregularidades en la adquisición de vacunas durante la pandemia.
El empresario farmacéutico Hugo Sigman se presentará este lunes en los tribunales federales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo, en el marco de la investigación por la compra de vacunas contra el Covid-19 durante la emergencia sanitaria.
La audiencia había sido fijada inicialmente para mayo, pero fue reprogramada luego de que la defensa del titular del laboratorio mAbxience solicitara una prórroga, pedido que fue aceptado por la Justicia.
La causa también involucra a exfuncionarios de la gestión de Alberto Fernández, entre ellos la exministra de Salud Carla Vizzotti. La investigación busca determinar si existieron maniobras destinadas a favorecer determinados intereses económicos en la negociación y adquisición de vacunas.
El fiscal Carlos Stornelli sostiene que el Gobierno desestimó una propuesta presentada por Pfizer en agosto de 2020, que contemplaba el suministro de más de 13 millones de dosis, y optó posteriormente por avanzar con contratos para adquirir vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.
Según la acusación, esa decisión habría provocado una demora en la llegada de vacunas al país, ya que los primeros envíos importantes de esas dosis comenzaron a concretarse entre marzo y abril de 2021.
La fiscalía también investiga el manejo administrativo de la documentación vinculada a Pfizer, al considerar que los expedientes permanecieron durante meses sin una justificación clara en distintas dependencias del Estado.
En ese contexto, Stornelli señala a Sigman como una figura central dentro de la investigación y analiza, entre otros aspectos, la relación entre Sonia Tarragona, quien participó de las negociaciones con Pfizer por parte del Estado, y la Fundación Mundo Sano, presidida por Silvia Gold, esposa del empresario.
Durante la audiencia de este lunes, Sigman podrá responder las preguntas de la Justicia o hacer uso de su derecho a no declarar, mientras continúa el avance de la causa para determinar si existieron responsabilidades penales en el proceso de compra de vacunas contra el Covid-19.
