El Gobierno volvió a defender la medida y aseguró que las casas de altos estudios están habilitadas legalmente para establecer aranceles a estudiantes que no tengan residencia permanente en el país.
El Gobierno ratificó que las universidades nacionales pueden cobrar por sus servicios educativos a estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente en Argentina.
La confirmación fue realizada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien explicó que la medida está contemplada en el DNU 366/2025 y se encuentra vigente desde mayo del año pasado.
“Los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/5/2025”, señaló el funcionario a través de sus redes sociales, en respuesta a las numerosas consultas recibidas sobre el alcance de la normativa.
El decreto establece que la gratuidad de los estudios de grado en instituciones estatales alcanza a los ciudadanos argentinos nativos o por opción y a los extranjeros que tengan residencia permanente en el país.
Para quienes no se encuentren dentro de esas categorías, las universidades pueden establecer retribuciones por los servicios educativos, de acuerdo con las condiciones previstas por la Ley de Educación Superior.
La normativa también contempla la posibilidad de que los estudiantes extranjeros sin residencia permanente accedan a becas, siempre que así lo establezcan los estatutos universitarios o los convenios firmados con otros Estados y organismos nacionales o internacionales.
La ratificación se produjo en medio de una fuerte discusión en redes sociales, donde el Gobierno denunció la existencia de una supuesta campaña “anti Argentina” vinculada a cuestionamientos realizados por extranjeros sobre el país y su sociedad.
