La protesta contra la desregulación del servicio de practicaje mantiene paralizados los principales puertos del país y afecta gran parte de las exportaciones.

Los principales puertos de la Argentina continúan paralizados por un lock-out impulsado por prácticos, pilotos y baqueanos, en rechazo al Decreto 690/2026 del Gobierno nacional, que modifica el funcionamiento del servicio de practicaje y desregula una actividad considerada estratégica para la navegación.

La medida de fuerza, iniciada el pasado 1 de agosto, alcanza terminales desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay y genera un fuerte impacto en el comercio exterior, ya que compromete la operatoria de las zonas por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones del país.

El decreto impulsado por la administración de Javier Milei busca flexibilizar el sistema, reducir costos operativos y permitir una mayor competencia en la prestación del servicio, incluyendo la posibilidad de que determinados capitanes naveguen sin contratar prácticos.

Desde el sector, sin embargo, calificaron la normativa como inconstitucional y advirtieron que pone en riesgo la seguridad de la navegación. Además de anunciar una presentación judicial para frenar la aplicación del decreto, ratificaron la continuidad de la protesta.

Ante el conflicto, la Prefectura Naval intimó a los profesionales a retomar sus funciones al considerar que el practicaje constituye un servicio público esencial. Pese a ello, los trabajadores mantienen la medida, aunque continúan garantizando guardias mínimas para la asistencia de buques petroleros y gaseros, con el objetivo de evitar inconvenientes en el abastecimiento energético y reducir riesgos ambientales.