La diputada Marcela Pagano solicitó ante la Justicia la detención del funcionario Manuel Adorni por presunto entorpecimiento de una investigación judicial, en un movimiento que sacudió el escenario político.

El pedido fue presentado ante un juez federal y se apoya en la existencia de un supuesto riesgo de interferencia en el proceso. Según la denuncia, Adorni habría mantenido contacto con un testigo clave antes de su declaración, ofreciéndole asistencia y referencias de su equipo.

Además, la legisladora sostiene que el funcionario habría intentado eliminar mensajes vinculados a la causa, lo que refuerza la hipótesis de obstrucción.

Para fundamentar la solicitud, se invocó la llamada “doctrina Irurzun”, que contempla la posibilidad de prisión preventiva cuando un acusado en funciones podría influir sobre la investigación mediante su posición de poder.

Ahora, la decisión queda en manos de la Justicia, que deberá evaluar si existen elementos suficientes para avanzar con una medida que podría tener fuerte impacto institucional.