La ex presidenta presentó un nuevo recurso ante la Corte para impedir la ejecución del decomiso dispuesto en la causa Vialidad. También reclamó que queden excluidos bienes de sus hijos.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a recurrir a la Justicia con el objetivo de frenar la ejecución del decomiso de bienes dispuesto en el marco de la causa Vialidad. La presentación se produjo luego de que la Corte Suprema confirmara la actualización del monto que deberán afrontar los condenados, fijado en $684.990 millones.
El nuevo recurso de queja busca evitar que avance el proceso de identificación, tasación y eventual remate de los bienes alcanzados por la sentencia. Una estrategia similar fue presentada por el empresario Lázaro Báez, también condenado en la misma causa.
Entre los activos que podrían quedar sujetos al decomiso figuran inmuebles de la ex mandataria ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz, además de hoteles y otros bienes vinculados al patrimonio familiar.
La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, solicitó además que se excluyan del procedimiento los bienes pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner, al sostener que no existen pruebas que acrediten que esos activos provengan de los hechos investigados.
La causa Vialidad concluyó con la condena de la ex presidenta por administración fraudulenta en la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz. El fallo, dictado en 2022 y ratificado posteriormente por instancias superiores, quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema.
En paralelo, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió intervenir en la administración de los bienes decomisados, al considerar que los activos vinculados a este tipo de delitos deben quedar bajo control de organismos especializados.
Si bien las nuevas presentaciones judiciales podrían extender los tiempos del proceso, especialistas señalan que este tipo de recursos no suspende automáticamente la ejecución de la sentencia, por lo que la Justicia podría continuar con las medidas destinadas a recuperar los bienes reclamados por el Estado.
