El próximo  miércoles el Senado definirá si el proyecto de la oposición, que tiene como objetivo moderar el aumento tarifario, se convierte en ley o, si por el contrario, respalda la propuesta del oficialismo y de algunos senadores peronistas y no avala la iniciativa que llegó desde Diputados.

El proyecto que ya fue aprobado en la Cámara baja dispone que los valores de los servicios públicos vuelvan a ser los que estuvieron vigentes hasta noviembre del año pasado; mientras que el Gobierno propone bajar a la mitad el IVA para usuarios residenciales de servicios de electricidad, gas y agua.

El dictamen de mayoría, firmado por el justicialismo y el Frente para la Victoria tras el último plenario de las comisiones de Derechos y Garantías, Presupuesto y Hacienda y Minería, Energía y Combustibles, pretende darle el último empujón al proyecto que propone retrotraer los valores de las tarifas de servicios públicos al 1° de noviembre de 2017, estableciéndose que las subas no pueden ser mayores a los aumentos de salarios.

El costo fiscal, según la Oficina de Presupuesto del Congreso y el Ministerio de Energía de la Nación, ascendería a casi 80.000 millones de pesos (compartido entre provincias y Nación), sólo durante 2018. Ese número aumentaría a casi 90.000 millones de pesos en 2019. En cambio, el proyecto del oficialismo busca rebajar por doce meses prorrogables, a la mitad, la alícuota del IVA para usuarios residenciales, que actualmente alcanza el 21 por ciento. Asimismo, rebaja del 27 al 21 por ciento el monto del mismo impuesto para micro, pequeñas y medianas empresas.