El 19 de octubre de 2018, el fiscal Álvaro Garganta pidió que Daniel Scioli  y 47 personas más vayan a juicio por supuestas irregularidades y corrupción durante su gestión al frente de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el exgobernador, a quien se lo acusa por negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias, parece que no tendrá problemas judiciales en 2019.

La jueza de garantías de La Plata, Marcela Garmendia, que debe revisar las imputaciones y definir si manda a juicio a Scioli y al resto de los procesados, empezó a notificar a los involucrados de la decisión del fiscal, de a uno a la vez y no simultáneamente. Si se tiene en cuenta que cada acusado tiene hasta 15 días hábiles para contestar, y que puede oponerse o pedir el cambio de calificación legal -entre otras medidas- el procedimiento podría durar un año o más, lo que le garantizaría al excandidato presidencial poder encabezar una nueva campaña electoral sin preocuparse por su frente judicial. De hecho lo que lo desvela por estas horas es la acusación por redes de su pareja, Gisela Berger, quien insinuó que el exgobernador usaba fondos públicos para irse de vacaciones a Francia. «Dónde está la plata del país», escribió y después dijo que él la amenaza.