A pocos meses de que el gobierno nacional lanzara la asistencia para las personas más vulnerables afectadas económicamente por la pandemia del coronavirus, se constató mediante la información tomada por medios locales y el fiscal Ricardo Toranzos, quien inició una investigación de oficio, que en la localidad de Salta había un concejal de Campo Quijano cobrara el IFE.

Con el entrecruzamiento de datos de los inscriptos en el IFE y los funcionarios públicos se supo que el caso del concejal no era aislado: 52 legisladores de más de 20 localidades y de todos los partidos políticos, 10 funcionarios de municipios y tres gerentes del PAMI se habían inscripto para cobrar el IFE cuando no les correspondía.

Muchos de ellos llegaron a cobrar hasta dos cuotas del ingreso, mientras que otros no lo hicieron. Las causas penales avanzaron y 24 de ellos acordaron reparar el daño: entre todos deberán devolver cerca de 1.400.000 pesos, hacer tareas comunitarias y no podrán presentarse a dos próximas elecciones. Otros irán a juicio oral y dos gerentes del PAMI fueron condenados a penas de tres años de prisión.
De todos los imputados, 24 de ellos optaron por no seguir con una causa penal y ofrecieron probations y conciliaciones, dos figuras previstas en la ley para casos de baja escala penal. El objetivo es que el acusado reparte del daño. Y así acordaron con el fiscal. Lo que se estableció es que de esos 24 concejales a 14 se les fijó que devuelvan la plata que cobraron de IFE, que donen dos meses de su suelto a hospitales, merenderos y geriátricos de la provincia, que hagan 100 horas de tareas comunitarios en instituciones de interés públicos y que no puedan presentarse a elecciones en los próximos dos procesos electorales. A otros 14 -que no llegaron a cobrar el IFE- se les estableció que donen dos meses de su sueldo y que hagan 100 horas de trabajo comunitario. Acuerdos similares se hicieron con cinco funcionarios de municipios./INFOBAE