
Cuatro especialistas en derecho constitucional analizaron la propuesta del Gobierno para implementar listas colectoras en las elecciones de 2027. Si bien reconocieron su viabilidad para diputados, señalaron posibles conflictos legales en la elección de senadores y cuestionaron su impacto en la transparencia electoral.
La iniciativa del Gobierno nacional de habilitar las listas colectoras para los comicios presidenciales de 2027 abrió un debate jurídico sobre sus posibles consecuencias para el sistema democrático. Cuatro abogados constitucionalistas consultados por Noticias Argentinas advirtieron sobre los riesgos de confusión para los votantes y las dificultades que podría generar su aplicación en la elección de senadores.
Los especialistas Andrés Gil Domínguez, Carlos Lombardi, Eduardo Gerome y Diego Armesto coincidieron en señalar que el mecanismo requiere un análisis diferenciado según el cargo en disputa.
Gil Domínguez sostuvo que las colectoras pueden resultar constitucionalmente viables para la elección de diputados nacionales, debido al sistema proporcional utilizado para distribuir las bancas. Sin embargo, consideró que su aplicación para senadores presenta dificultades, ya que la Constitución establece que dos bancas corresponden a la fuerza más votada y una a la segunda.
En ese sentido, advirtió que permitir que dos listas vinculadas a un mismo candidato presidencial compitan por las bancas podría alterar esa distribución y perjudicar la representación de las minorías.
Por su parte, Carlos Lombardi cuestionó que el mecanismo pueda distorsionar la voluntad popular y afectar la igualdad de condiciones entre los partidos. También señaló que la acumulación de votos de agrupaciones con propuestas diferentes podría generar una representación que no refleje claramente las preferencias del electorado.
Diego Armesto coincidió en que las colectoras pueden provocar confusión entre los votantes y cuestionó que se modifiquen las reglas electorales a pocos meses de una elección. Además, consideró que el sistema podría debilitar el papel de los partidos políticos.
En una postura diferente, Eduardo Gerome sostuvo que la Constitución Nacional no prohíbe expresamente las listas colectoras y que los acuerdos entre distintas agrupaciones políticas pueden ser compatibles con el marco legal. No obstante, también marcó la necesidad de respetar las disposiciones constitucionales sobre la distribución de las bancas del Senado.
Los especialistas recordaron como antecedente el denominado caso Bravo, en el que la Justicia electoral y la Corte Suprema rechazaron la posibilidad de sumar listas de distintos partidos para obtener una banca de senador, al considerar que debía respetarse el esquema de representación de mayorías y minorías.
La discusión se desarrolla mientras el Gobierno busca avanzar con la reforma electoral y conseguir los apoyos legislativos para suspender las PASO y habilitar las colectoras de manera excepcional para 2027.
En caso de aprobarse la iniciativa, la normativa podría ser cuestionada judicialmente por quienes consideren afectados sus derechos electorales. Según los constitucionalistas, el principal desafío será garantizar que cualquier modificación respete la Constitución Nacional y preserve la transparencia y la representación democrática.
















