La Justicia federal allanó las oficinas del director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Martínez, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el suministro de alimentos para los detenidos del penal de Ezeiza.

El procedimiento fue ordenado por el juez Federico Villena, quien investiga una posible red de cartelización entre funcionarios del organismo y empresas proveedoras de comida. La causa se inició a partir de denuncias sobre raciones en mal estado y alimentos no aptos para el consumo entregados a los internos.

Durante el allanamiento, los investigadores solicitaron el teléfono celular de Martínez. El funcionario entregó un dispositivo de uso ocasional y aseguró que su celular principal se había extraviado horas antes. Sin embargo, un peritaje preliminar detectó actividad reciente en el equipo supuestamente perdido, lo que despertó sospechas de un posible aviso previo del operativo.

La investigación apunta a determinar si existió un acuerdo ilegal para monopolizar el servicio de catering en las cárceles federales. El expediente, que comenzó por denuncias internas, ahora compromete a la cúpula del Servicio Penitenciario Federal.