La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este jueves nuevas medidas judiciales orientadas a profundizar el análisis de su situación patrimonial.

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario y de su esposa, con el objetivo de acceder a información detallada sobre cuentas, plazos fijos, créditos, préstamos y consumos con tarjetas, así como posibles movimientos en billeteras virtuales.

La medida busca contrastar estos datos con las declaraciones juradas presentadas ante los organismos de control, para determinar si existieron inconsistencias o un eventual incremento patrimonial injustificado.

En paralelo, la Justicia citó a declarar a cinco nuevos testigos considerados clave para la causa. Entre ellos se encuentra una persona vinculada a la operación inmobiliaria de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, cuya adquisición forma parte del eje central de la investigación.

Además, también deberán presentarse ante los tribunales los responsables de la inmobiliaria que intervino en la venta, el encargado del edificio donde se ubica la propiedad y el anterior dueño de otra vivienda adquirida por el funcionario.

Los investigadores intentan reconstruir en detalle el circuito de las operaciones inmobiliarias y financieras, con el fin de establecer si las mismas se ajustan a los ingresos declarados por el jefe de Gabinete.

La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y testimonios, mientras se aguardan definiciones clave en torno a la evolución patrimonial del funcionario.