
El Gobierno concentrará en el Senado el tratamiento de los proyectos más sensibles de su agenda legislativa, entre ellos las reformas sobre discapacidad, salud mental y propiedad privada.
La estrategia responde a la sólida mayoría que construyó Patricia Bullrich al frente del bloque oficialista, lo que le permite al oficialismo avanzar con mayor margen en iniciativas complejas y, en caso de cambios en Diputados, tener la última palabra.
En los próximos meses, la Cámara alta deberá debatir un paquete de leyes que incluye también la reforma laboral y la Ley de Glaciares, además de analizar cerca de 90 pliegos pendientes.
En materia de discapacidad, el proyecto propone un reempadronamiento obligatorio para quienes reciben pensiones por invalidez, con controles médicos y socioeconómicos más estrictos. También establece incompatibilidades con el empleo formal y refuerza los mecanismos de auditoría.
Respecto a salud mental, se prevé un mayor protagonismo del enfoque médico en diagnósticos e internaciones, incluyendo la posibilidad de hospitalizaciones no voluntarias en casos de riesgo grave.
Por su parte, la iniciativa sobre propiedad privada impulsa cambios profundos: elimina límites a la compra de tierras por extranjeros, flexibiliza desalojos y restringe mecanismos de expropiación, lo que podría impactar en la regularización de barrios populares.
Con este esquema, el oficialismo busca acelerar el tratamiento de reformas estructurales en un escenario legislativo que tendrá al Senado como protagonista central.















