La Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obliga al Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. En la Casa Rosada crecen las críticas internas por la estrategia judicial y el impacto fiscal que tendrá la decisión.

La decisión de la Corte Suprema de mantener vigente la cautelar que ordena al Gobierno cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario generó preocupación y malestar dentro de la administración nacional. La medida representa un nuevo revés para el oficialismo, que ahora deberá afrontar una obligación presupuestaria considerada difícil de sostener en el actual esquema de ajuste fiscal.

Según estimaciones oficiales, la aplicación de la norma demandaría alrededor de 1,3 billones de pesos adicionales. Ante este escenario, el Ministerio de Economía analiza alternativas para adecuar las cuentas públicas, luego de que el titular de la cartera, Luis Caputo, advirtiera previamente que no existían recursos asignados para cubrir ese gasto.

La resolución judicial también abrió un debate interno sobre la estrategia desplegada por los responsables de la relación con los tribunales. Dentro de La Libertad Avanza surgieron cuestionamientos hacia quienes impulsaron una postura basada en la expectativa de obtener una definición favorable por parte del máximo tribunal.

Fuentes del oficialismo señalaron que el Ministerio de Capital Humano mantenía conversaciones avanzadas con autoridades universitarias para consensuar un nuevo proyecto de financiamiento que contemplara las necesidades del sistema educativo sin comprometer el equilibrio fiscal. Sin embargo, esa iniciativa no logró avanzar con rapidez en el Congreso.

Las críticas internas apuntan a que la demora en el tratamiento legislativo dejó al Gobierno sin margen de maniobra frente a la resolución de la Corte. Además, remarcan que la decisión judicial llegó cuando ya existían acuerdos parciales con las universidades para implementar algunos aspectos de la ley.

Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte rechazó el planteo presentado por el Estado al considerar que estaba dirigido contra una medida cautelar y no contra una sentencia definitiva. De esta manera, el tribunal evitó pronunciarse sobre el fondo de la cuestión y limitó su intervención a un aspecto procesal.

La resolución obliga ahora al Ejecutivo a redefinir su estrategia frente al financiamiento universitario, en un contexto marcado por las restricciones presupuestarias y la necesidad de mantener el rumbo fiscal planteado por el Gobierno nacional.