La iniciativa impulsada por el Gobierno eliminaría los límites para inversores privados y ubicaría a Argentina entre los países con menor regulación de la región en materia de tierras rurales.
El Gobierno nacional busca modificar la Ley de Tierras Rurales con una reforma que permitiría a personas y empresas privadas extranjeras adquirir campos sin los límites que rigen actualmente. La propuesta será debatida en el Senado y plantea un cambio significativo en la política sobre la propiedad de tierras.
La normativa vigente establece un tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, además de restringir la compra de determinadas zonas estratégicas. Según datos oficiales, la participación extranjera en el país se ubica actualmente en torno al 6%.
De aprobarse el proyecto, Argentina pasaría a tener un régimen más flexible que el de varios países vecinos. Brasil mantiene límites sobre la cantidad de tierras que pueden quedar en manos extranjeras y controles específicos por municipio, mientras que Uruguay exige mecanismos de identificación y transparencia para los propietarios.
En Paraguay, aunque la presencia de capital extranjero en el sector rural es elevada, especialmente en zonas fronterizas, existen regulaciones para estas operaciones. El Ejecutivo sostiene que la reforma permitirá atraer inversiones privadas destinadas a proyectos productivos, al tiempo que conservará controles sobre las adquisiciones realizadas por Estados extranjeros o empresas bajo su órbita.
